En este corto, pero intenso período, junto a la necesidad institucionalizar mecanismos de solución ante controversias entre poderes del Estado, se agudiza la tensión entre los sectores que buscan cambios profundos que ya no resisten la C25, representados por la Unidad Popular en el Gobierno, y los que ven en estos cambios una amenaza a su histórico dominio sobre la economía, la política y la cultura.

El resultado es el quiebre institucional a partir del golpe de Estado y la instalación de una dictadura cívico- militar que gobernará por la fuerza y completamente fuera de la C25. Como correlato de este período, Allende desarrolla un proyecto de Constitución que no alcanza a ser conocido y deliberado por la ciudadanía.

La Junta Militar, que inicialmente se presenta como un gobierno provisorio, se perpetúa en el poder y en corto tiempo Augusto Pinochet se impone como líder supremo. La Dictadura busca legitimarse a través de un proyecto de Constitución creado por un grupo de juristas afines al régimen que se intenta validar a través de un plebiscito sin garantías mínimas de transparencia. Se implanta un modelo neoliberal que privatiza la salud, educación y seguridad social, así como empresas y recursos públicos estratégicos.

En este período, además, se vivió la represión más violenta con la violación sistemática y masiva de los DD.HH. por parte del Estado. Aún así, logran surgir y expresarse grupos que buscan un camino hacia la democracia planteando una discusión constitucional que no tiene eco en la oficialidad.

Con la C80 rigiendo y, a corto andar, el modelo enfrenta una crisis económica mundial (1982) que impacta gravemente la economía nacional. Surgen las ollas comunes y masivas protestas en todo el país piden democracia y rechazan el modelo económico. Los partidos de la oposición que pueden operar en la legalidad acuerdan pactar con la Dictadura un camino progresivo para la vuelta gradual de la democracia a partir de un plebiscito que logra sacar a Pinochet de la Presidencia.

En su último año y con una contienda presidencial en ciernes, la Dictadura vuelve a pactar con la ya organizada Concertación 54 reformas a la C80 que marcarán los “amarres” que siguen en tensión hasta el día de hoy. El proceso se validó en un plebiscito en plena campaña presidencial y parlamentaria (la primera en 17 años) sin que la ciudadanía conociera los detalles de lo que se estaba reformando.

Los partidos de la Concertación gobiernan sucesivamente por tres períodos presidenciales. Si bien se avanza en actualizar las leyes chilenas en temas como el divorcio, filiación, violencia intrafamiliar, reconocimiento de violaciones a los DD.HH, Reforma Procesal Penal, institucionalidad cultural, entre otros, los amarres constitucionales tienen en este período su máxima expresión con las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, Sistema Binominal, senadores designados y enclaves autoritarios que ponen en tensión la vida cívica nacional cada vez que se pretenden hacer cambios al modelo.

Al final del gobierno de Ricardo Lagos y tras un largo camino en el Parlamento, 58 nuevas reformas pretenden zanjar los lastres de la Dictadura, con una nueva versión de la C80 firmada por Lagos.

La alternancia en la presidencia entre Bachelet y Piñera, con dos períodos cada uno, marca en estos últimos 15 años la mantención y en muchos casos profundización del modelo económico de la C80 y con él las desigualdades frente a las que se pronuncia y articula un movimiento social cada vez más diverso y generalizado, instalando demandas críticas en educación, salud, pensiones, medioambiente, derechos de las mujeres, migrantes y sexualidades diferentes.

Ante las crecientes demandas, Bachelet intenta en su segundo gobierno llevar a cabo un proceso constituyente que no tiene continuidad en el gobierno de Piñera. Este último, en su segundo año, enfrenta un estallido social sin precedentes en la historia, obligando a los partidos políticos a acordar un plebiscito de entrada para definir un cambio de constitución. La ciudadanía, en paralelo, se auto-convoca y busca el mayor grado de participación en el proceso.