Como parte del proceso de reforma a la constitución impulsado por el Gobierno y tras una larga etapa de negociacines los partidos oficialistas de de oposición acuerdan reformar la composición del Tribunal Constitucional, aumentando el número de jueces nombrados por los poderes políticos (Presidente de la República, Congreso) y favoreciendo la entrada de ministros ajenos a la carrera judicial, con un perfil más bien académico, en vez de integrantes de la Corte Suprema, como lo era hasta entonces.Con ello y a lo largo del tiempo, los fallos del organismo han demostrado alejarse favorecer al Poder Ejecutivo.