Constitución: Lo que dice, nos afecta

Registro público de evasores del Transantiago: discriminación, efectismo y ninguna solución real

María Paz Canales

Directora Ejecutiva de ONG Derechos Digitales

Derechos Digitales

transantiago

El martes 13 de junio 2017 se vota en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea un registro de evasores del transporte público con multas impagas, creando una suerte de “Dicom del Transantiago”, que busca facilitar la discriminación en situaciones como la búsqueda de empleo, a modo de sanción social.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha sido un ferviente promotor de la creación de este registro, incluso contra la informada opinión de distintos expertos, incluyendo al Consejo para la Transparencia, destacados miembros de la academia y de la sociedad civil que han expuesto ante la Comisión y expresado públicamente la incompatibilidad de este registro con una legislación protectora de los derechos de las personas.

No obstante las numerosas críticas, el Ejecutivo ha mantenido el apoyo al proyecto. Haría bien el Gobierno en atender a la opinión de los expertos independientes y de las instituciones del Estado que se han especializado en la materia, y no dejar que las urgencias políticas impliquen una legislación lesiva de derechos fundamentales, como la igual protección de la ley y la protección de la vida privada, ambos garantizados en la Constitución Política de la República. La eventual aprobación de esta medida confirma las profundas fallas, no solo del sistema de transporte, sino de la proporcionalidad con que el Estado aborda la implementación de políticas que afectan los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

En un país como Chile, donde el estándar de protección de datos personales es aún reconocidamente débil, una medida de registro como esta puede ser utilizada para un amplio rango de discriminaciones, partiendo con el acceso al mercado laboral y financiero. El carácter público del registro hará que la información que contiene  sea considerada por la actual Ley de Datos como una “fuente accesible al público”, que permite a cualquier persona o empresa recolectar esa información sin el consentimiento de su titular y usarla con cualquier fin, por ejemplo para cruzarla con otros datos financieros y crear “listas negras” que limiten todavía más las posibilidades de los sectores más vulnerables de la población, usuarios mayoritarios del transporte público.

Un registro como el propuesto expone a sanciones sociales a los más pobres, sin la adecuada noción de proporcionalidad respecto de la falta, y sin apuntar al problema de fondo. La realidad es que desde su implementación Transantiago ha fallado en su autofinanciamiento, debiendo en numerosas ocasiones el Estado aprobar nuevas subvenciones a la oferta de servicio para asegurar su viabilidad financiera. Es así como una evidente baja calidad del servicio de transporte es acompañada, paradojalmente, por periódicas y sucesivas alzas en el precio del pasaje, que han sido frecuentemente justificadas por la autoridad en la alta tasa de evasión.

Cabe recordar que Santiago cuenta con uno de los sistemas de transporte más caros de América Latina (a nivel de país desarrollado, pero sin la calidad del servicio), siendo una ciudad muy populosa, segregada y desigual. El registro de evasores sólo profundiza la inequidad, injusticia y discriminación, por lo que se hace incomprensible la insistencia del Ejecutivo en un proyecto de tan nefastas consecuencias.

Así las cosas, el intento de crear un registro público de evasores ignora los problemas sistémicos del plan de transporte para la ciudad de Santiago e intenta darle una solución efectista al problema de la evasión, sin realmente resolverlo a través de los incentivos, sino por el garrote. Peor aún: propone solucionar un problema de financiamiento económico incurriendo en un costo adicional, como lo es el de implementar y administrar una base de datos.

Un registro de evasores como el propuesto no respeta el principio de proporcionalidad en la afectación de garantías constitucionales: no sólo la autoridad carece de evidencia sobre su potencial efectividad para resolver el problema que busca solucionar en primer lugar, sino que genera una vez más tremendas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos más vulnerables.

Confiamos en que los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados recuerden y respondan a su mandato constitucional de proteger los derechos fundamentales, y en consecuencia, rechacen la creación de este registro discriminador y estigmatizador.

 

Imagen por Mariordo en Wikipedia

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Comentarios

  • Me parece repugnante. Algunas de las razones son: a) que la idea proviene de un gobierno que se dice de centro-izquierda, liderado por una socialista; b) por provenir de una clase política que está absolutamente desprestigiada por situaciones de corrupción de toda índole, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo; c) por no entender que la grave situación de cesantía y de subempleo que existe en el país obliga a que la gente procure eludir el pago de la locomoción; d) por la pésima calidad del servicio otorgado por el transporte público de Santiago, tanto en los buses, como en el metro, los taxis e incluso en los informales; e) por los reiterados abusos que se comenten en Chile con el uso del tipo de información que pretenden hacer pública.
    De aprobarse esta barbaridad, a lo menos, debería compensarse con la publicación en todos los medios nacionales (previa a las próximas elecciones, desde luego) de todas las denuncias por corrupción y por financiamiento ilegal que han tenido los políticos de todos los sectores, tanto de los que se cobijan en el Poder Ejecutivo como de los que se amparan en el Legislativo.

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