Un fantasma recorre Chile, es el fantasma del populismo. Hace meses en formato de populismo penal y la aprobación del control de identidad, pero ahora como miedo al inmigrante.
Frente a este fenómeno, la derecha chilena hizo pública su intención de normar la presencia de extranjeros, al punto de multar y expulsar a los inmigrantes que cometan infracciones, aumentar los requisitos de permanencia y exigir la acreditación de un mínimo de patrimonio suficiente para solventar sus necesidades básicas al ingresar al país. Estas propuestas profundizan la inmigrafobia, la que se entiende como aquella forma de discriminación realizada a una persona o colectivo por vía del trato diferente o el rechazo social, ya sea por su origen, nacionalidad, idioma, situación económica, color de piel, etnia o religión.
Para justitifcar el endurecimiento a la presencia de inmigrantes en el país, Chile Vamos señaló que las personas que quieran entrar a vivir a Chile, deben ser un real aporte al país y que Chile debe permitir el ingreso a personas que contribuyan al desarrollo nacional, pero sin generar conflictos. Más aún, el proto candidato a la presidencia de la derecha y ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló a medios locales que “Chile debe estar abierto a recibir inmigrantes que aporten al desarrollo de nuestro país, pero debe cerrar absolutamente sus fronteras al narcotráfico, a la delincuencia, al contrabando, al crimen organizado y también a la inmigración ilegal”.
En el fondo el ex presidente con sus dichos conectó la delincuencia y el delito, cuestión que busca criminalizar la inmigración, así como aumentar la producción de falsos estereotipos. Grave error del empresario, porque en el fondo, no hay directa correlación entre inmigración y criminalidad, sino que más bien sería la justificación de una falsa percepción creada por políticos populistas que buscan repuntar en las encuestas. Por tanto y en razón a las cifras que se manejan al respecto, no hay evidencia empírica alguna que confirme la idea que la inmigración representa un verdadero riesgo per se para la seguridad pública.
No obstante, los dichos de Piñera y sus cercanos estimulan el aumento de episodios de discriminación e inmigrafobia, fenómenos que erosionan las democracias y perjudican la convivencia social. Por tanto, hay que llamar a la cautela con estas declaraciones, porque no sería extraño que aumentaran los casos de violencia hacia el inmigrante, cuestión que la elite política finalmente no se hace responsable.
Sin ir más lejos, el propio Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmmestch, señaló a distintos medios nacionales que: “la idea de expulsar a una persona que sea sorprendida cometiendo algún hecho, eso sí es inconstitucional. De acuerdo a la ley chilena, el principio de inocencia es hasta el final. Mientras la persona no sea condenada y no sea declarada responsable de un delito, no puede ser. Tiene que haber un juicio justo”.
Nuestra carta magna señala en esta dirección que todo extranjero tiene derecho a entrar libremente a nuestro país, según el artículo 19 Nº 7 letra a. Dicho artículo asegura a todas las personas, sin distinción, el derecho de circulación y de residencia, existiendo un mandato genérico de regulación normativa para el ejercicio de ese derecho, pero no para su impedimento o prohibición como se pretende establecer. Es decir, el Estado chileno puede regular el ingreso de extranjeros, pero debe imperar el principio de igualdad y no discriminación en una sociedad democrática como la nuestra, obstaculizando que aquellos principios discriminatorios se impongan de manera arbitraria. Es importante este punto, ya que para el sano debate democrático, es fundamental que todos los puntos se expongan para la construcción de una mejor sociedad.
