“En 1993, como consecuencia de las inundaciones por una gran cantidad de lluvia acaecida en la ciudad de Santiago, hubo un aluvión que en la Quebrada de Macul se presentó como una gran avalancha que arrasó con todo a su paso dejando 400 casas destruidas junto a 23 muertos y desaparecidos. Esto ocurrió como consecuencia de la tala indiscriminada de los bosques en la PRE-cordillera lo que conlleva degradación de suelos, menor capacidad de filtración de aguas lluvias y por ende mayor escurrimiento de las mismas, transformando las áreas de las quebradas en zonas ambientalmente vulnerables” (Sepúlveda, 2009).
Al cabo de 20 años de la catástrofe del aluvión de la Quebrada de Macul, tanto el Estado como la ciudadanía han llevado iniciativas que desde diferentes ámbitos, han buscado disminuir la probabilidad de riesgo de otro evento de las características señaladas en la Región Metropolitana. Mientras desde los organismos públicos, preferentemente, se ha llevado adelante una política de minimización del impacto físico de aluviones- reubicación de población en pareas de alto riesgo, obras de infraestructura para minimizar impacto- la ciudadanía ha llevado adelante tanto una labor de información y formación de la población en riesgo como una resistencia efectiva a la proliferación de los intereses inmobiliarios en la pre cordillera. De lo anterior deducimos, que poco ha hecho el sector privado para contribuir a la problemática señalada. Es que, como señaló Adam Smith, ya hace bastante tiempo, el interés del capitalista… no es otro que el propio y egoísta.
Pareciera que esta respuesta de la sociedad santiaguina, junto con la misericordia de la naturaleza, han «segurizado» a la población del valle de Santiago. Sin embargo, tanto los efectos del cambio climático en la región- desertificación acelerada y estaciones cortas con lluvias escasas pero abundantesy la usabilidad cada vez mayor de los espacios precordilleranos por población escasamente educada sobre el impacto de su presencia, ha aumentado el riesgo de ocurrencia de aluviones en las quebradas de la cuenca de Santiago. Como bien señalara una autoridad de gobierno a un conocido medio de comunicación, tras la desastre socio natural del aluvión de Atacama “Actualmente el foco de preocupación está centrado en las quebradas de Macul, Lo Cañas, San Ramón, Nido de Águilas, Ñilhue, Cañaveral y el cauce del río Mapocho” (Diario la Cuarta, 2015).
Al respecto, al analizar la vulnerabilidad de la población potencialmente afectada por una amenaza como la descrita, la evidencia señala un panorama negativo, no muy distinto del vivido el año 93. Junto con la presencia de población en situación socioculturalmente “pobre” en áreas de alto riesgo, pareciera no haber evidencia para determinar si la población territorialmente expuesta ha incorporado respuestas heurísticas frente a la experiencia de un aluvión. Este panorama coexiste con el escaso desarrollo de la institucional que gestiona el riesgo socio natural; la sobrevivencia de la ONEMI, es testimonio de aquello.
Por el contrario, es la territorialidad de las organizaciones ciudadanas que defienden la precordillera uno de los recursos sociales indirectos que más han pujado para evitar la amenaza problematizada. Este verdadero movimiento, como ya lo anticipábamos, junto con desarrollar una labor de verdadera formación cívica del bueno uso de los bosques cordilleranos, ha disputado en el campo jurídico el avance inmobiliario, con éxito momentáneo. En este sentido, estratégica y tácticamente, es la identidad medioambiental el principal medio de integración para la prevención. Ante la inexistencia de una política pública impulsada desde el Estado en este ámbito, la gestión ciudadana cobra una relevancia mayor.
Ahora bien, en el contexto de la gestión integral del riesgo que analizamos, la acción ciudadana es insuficiente y no reemplaza a una política pública en el ámbito y/o la acción de los estados ¿por qué? Por una razón muy simple: los objetivos de la ciudadanía son preventivos en el ámbito restringido de la defensa ambiental.
Sin embargo, y dado el escenario actual de oposición irreconciliable entre el movimiento ambientalista, el Estado y los agentes del mercado, pareciera que estamos lejos de una política pública sustentable en el ámbito. Si ésta- la política pública-es “Los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público (estratégico) definido en forma democrática,los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado” (CEPAL, 2003), la oposición señalada- que se profundiza en el contexto de las crisis de legitimidad que experimenta nuestra democracia- es una verdadera aporía.
Por lo tanto, es necesaria la gestión de un verdadero “pacto social medioambiental” para avanzar en una política pública de gestión del riesgo en cuestión. La tarea no es fácil, dada la posición objetiva de los actores en el territorio en disputa y las actuales reglas del juego- prevalencia de la propiedad privada en perjuicio del derecho al “medio ambiente saludable”- constitucionalmente hablando. En este sentido, el movimiento medioambiental debería problematizar, a lo menos, la posibilidad de una alianza estratégica con el resto de fuerzas sociales y políticas que pujan por un cambio constitucional. Y los actores que copan el Estado, deberían, a lo menos, problematizar la necesidad de debatir los márgenes de la cuestión medio ambiental. Bueno, y de los privado, por el momento, no hay mucho que decir.
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