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TC declara inconstitucional glosa de gratuidad en la educación superior impulsada por el Gobierno

Sin embargo, el Tribunal no acogió la impugnación del financiamiento vía Presupuesto presente en el requerimiento presentado por parlamentarios de la oposición.

El Tribunal Constitucional zanjó hoy la controversia por la glosa de gratuidad en la educación superior propuesta por el Gobierno y aprobada  por el Congreso en el Presupuesto de Educación 2016,  luego de que un grupo de 31 parlamentarios de oposición presentaran un requerimiento de inconstitucionalidad ante el órgano, argumentando que  la metodología para determinar quiénes serán beneficiados con la gratuidad el próximo año   es “discriminatoria” y cuestionando también el que esto  se incluyera en el Presupuesto de la Nación y no a través de una ley que ingresará a trámite durante este mes en el Parlamento.

Tras acoger el requerimiento el TC, se pronunció ratificando los reparos  de la oposición en cuanto al carácter discriminatorio de los requisitos para las instituciones que se sumarán a la gratuidad. Sin embargo, el Tribunal no acogió la impugnación del financiamiento vía Presupuesto.

En el capítulo III de la Constitución, referido a  Derechos y Deberes Constitucionales, se establece en el Artículo 19 Nº10 el derecho a la educación y se señala que Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

Tras conocer el fallo, La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, señaló que “El Congreso democráticamente aprobó el contenido y la forma de nuestra propuesta porque entendió que lo que se estaba jugando en ella es un anhelo muy profundo y muy importante para la familia y un derecho que debería ser reconocido«, agregando que «Acataremos el fallo como corresponde a un Estado de derecho y mi vocación republicana, pero hice un compromiso con los jóvenes de Chile”.

La Presidenta aseguró además que se encargará personalmente «de identificar las mejores alternativas para que dentro de las posibilidades, legales por un lado y presupuestarias por el otro, la mayor cantidad posible de estudiantes de educación superior previstos para acceder al beneficio de la gratuidad puedan efectivamente hacerlo”.

 

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